La Presidenta de México Claudia Sheinbaum presentó ante el Congreso Federal en un solo proyecto de decreto, un par de instrumentos legales que pretenden coordinar la prestación del servicio de agua potable a través de una Ley General de Aguas y otro que la Federación recobre el dominio de las aguas nacionales con profundas modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales.

La exposición de motivos de la tan pretendida Ley General de Aguas establece que dicha ley no es la solución para sustituir la Ley de Aguas Nacionales ya que regulará sólo la prestación de los servicios de agua potable y en consecuencia, el derecho humano al agua; sin embargo, el alcance de esta propuesta de ordenamiento legal quedó muy limitado al no definir claramente las competencias de los tres órdenes de gobierno, ni los alcances en cuanto a los derechos y obligaciones en la prestación de los servicios, es una ley hecha con prisa y sin esencia.

Principales consideraciones de Ley General de Aguas

• Se rescata el derecho humano al agua pero no dice cómo se llevará al cabo el cumplimiento de esta obligación por parte de la autoridad.
• Propone acciones a seguir sin establecer la competencia de los estados en la prestación de los servicios ya que continúa siendo una competencia municipal.
• No aclara circunstancias mediante la cuales los estados intervengan ante una falla, falta u omisión de los municipios en la prestación de los servicios públicos.
• Por fin se reconoce a los sistemas comunitarios como entes prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento.
• No se establecen mecanismos financieros para la autogestión de la prestación de sus servicios por parte de las localidades.
• Por primera vez se establece como una estrategia las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) como alternativas viables para la sustentabilidad hídrica.

Una vez aprobada la Ley General de Aguas, los Congresos Estatales tendrá que expedir en el corto plazo, la Ley de Aguas Estatal que regule la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento con mayor detalle, buscando que los organismos operadores no actúen con los excesos actuales que no coadyuvan en ampliar coberturas o consolidar los sistemas comunitarios.

Consideraciones a las Propuestas de Reforma a la Ley de Aguas Nacionales

Desde la perspectiva del campo, hay preocupación el Decreto de Reforma a la Ley de Aguas Nacionales presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.  Se reconoce la necesidad de una gestión hídrica más sostenible y justa; sin embargo, consideramos que la propuesta actual, en varios de sus puntos, no solo falla en atender las problemáticas reales que enfrentamos a diario, sino que podría agravar la crisis productiva, social y ambiental en el sector rural.

La Seguridad Alimentaria, en grave riesgo

La producción de alimentos es un asunto de seguridad nacional, sin embargo no se percibe así en la propuesta de reforma.  El sector agrícola en México se conforma por 4,442,243 unidades de producción agrícola con más de 32.1 millones de hectáreas, con aproximadamente una superficie de 7.6 hectáreas por unidad de producción. No se puede concebir un México sin campo y un campo sin agua, es inviable.

La reforma prohibe las cesiones de derechos de agua, otorgando mayor discrecionalidad a la “Autoridad del Agua” y modificando el procedimiento por la  reasignación. Desde nuestra experiencia, esto no resuelve el problema de fondo: la sobrexplotación de las cuencas y acuíferos.

Es preocupante por el absoluto centralismo que se despliega en la propuesta de reforma.  Es urgente retomar, reordenar y consolidar las organizaciones creadas para gestión sostenible del agua por cuenca y acuífero.

La discrecionalidad, abre la puerta a la opacidad y la corrupción en la CONAGUA.  Lo que se necesita no es un cambio en el procedimiento para otorgar concesiones, sino una inversión en infraestructura hidroagrícola para incrementar la eficiencia y fortalecer las capacidades del sector, así como  la actualización de los estudios de disponibilidad reales, muchos de los cuales están obsoletos y no reflejan la crítica situación de las cuencas y acuíferos

Criminalización Hídrica de los usuarios

El endurecimiento de las sanciones y criminalizar el «uso no autorizado» del agua nos alarma profundamente. Si bien estamos en contra de la ilegalidad, esta medida no distingue quien es quien ante la falta de respuesta de la autoridad del agua en los trámites planteados extrae agua de su pozo.

La modernización de la infraestructura hidroagrícola es la manera más efectiva de ahorrar agua, por ello extrañamos en la reforma un capítulo robusto de que incentive a los agrícultores hacia sistemas de riego de alta eficiencia, a cambio solo encontramos que se criminalice a los usuarios.

Antes de sancionar, el Estado debe garantizar que existen condiciones de respuesta oportuna. Muchos productores están atrapados en un limbo jurídico, con trámites burocráticos interminables para regularizar sus pozos y en consecuencia acceso a tarifas de energía electrica preferenciales. Endurecer las sanciones sin simplificar y agilizar la regularización criminalizará la supervivencia del sector agrícola. Proponemos una campaña nacional de regularización de trámites, no únicamente adherirse a un decreto para prórrogas sino un más amplio adonde la CONAGUA este al día en las respuestas a los cientos de miles de solicitudes no resueltas, antes de aplicar medidas punitivas drásticas.

Reacciones y protestas de agricultores ante reforma de Ley de Aguas Nacionales.

Falta de enfoque en gestión y gobernanza local por cuenca y acuífero

La reforma se centra en el control centralizado desde la Conagua, pero omite fortalecer los mecanismos de gestión local, como los Consejos de Cuenca y los Comités Técnicos de Aguas del Subsuelo o Subterránea, así como a los propios Distritos, Módulos y Unidades de Riego.

La CONAGUA desde su creación, hace 36 años, no ha demostrado estar a la altura de lo que este país demanda para una gestión sostenible del agua. La solución no está en más control desde un escritorio en la Ciudad de México sino en empoderar a los usuarios organizados en el territorio por cuenca o acuífero, distritos, módulos y unidades de riego. Los agricultores conocen el territorio, sus recursos naturales como sus cuencas y acuíferos y sabemos cómo optimizar el recurso agua.

La ley debe promover y financiar la gobernanza local, fortaleciendo a los organismos de usuarios para que sean ellos, con el apoyo del gobierno, quienes gestionen el agua de manera más eficiente y justa.

Conclusión

Es clara la oposición que existe a una reforma que se percibe sin visión de sustentabilidad hídrica, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, una ley que criminaliza a los usuarios del agua, es centralista y alejada de la realidad del campo y de la economía de México, donde la CONAGUA ve a los culpables de su rezago en los usuarios y no en la propia institución que carece de capacidad para administrar las aguas nacionales y lograr la sustentabilidad hídrica.

Necesitamos una ley que vea al sector agrícola y productivo de este país como aliados y no como infractores.

Una ley que promueva la inversión en infraestructura, fortalezca la gestión local, garantice la seguridad alimentaria, pero sobre todo, acompañe con incentivos y apoyo técnico en la transición hacia una agricultura de precisión que utilice cada gota de agua con la máxima eficiencia. El presente y futuro de México depende del Agua y de las acciones que juntos impulsemos.

Auditorio con lleno total ante foro de análisis sobre reforma de Ley de Agua Nacionales.